Día Mundial del Hábitat 2022
Declaración de HIC
En el mes del hábitat, desde SEHAS queremos seguir invitando a repensar y cuidar la brecha para no dejar a nadie ni ningún lugar atrás, por lo que hoy compartimos la Declaración de la Presidenta de HIC, Adriana Allen, en el Día Mundial del Hábitat.
En el Día Mundial del Hábitat 2021, la Coalición Internacional del Hábitat emitió una
declaración de nuestra Presidenta en la que se pedía que la justicia climática fuera tratada y
promulgada como un derecho humano relativo al hábitat. Un año después, el espíritu y las
demandas de esta declaración son más relevantes que nunca, respaldados por importantes
avances en el ámbito internacional de los derechos humanos.
A partir del reconocimiento inicial concedido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
en 2021, la Asamblea General de la ONU reconoció formalmente en julio de 2022 el derecho a
un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano. Esta decisión
sienta un precedente fundamental que subraya la urgencia de una acción climática sostenida y
refuerza nuestro llamado a la justicia climática. Dada la distribución desigual de los impactos
del cambio climático en las comunidades de todo el mundo, y su capacidad y poder de
respuesta e influencia en las decisiones críticas, cualquier estrategia de respuesta al clima
tiene que basarse en los principios de los Derechos Humanos y estar comprometida con la
igualdad y la justicia. Más allá de este reconocimiento formal, el sistema de las Naciones
Unidas también ha avanzado en la provisión de herramientas para la salvaguarda de este
derecho, mediante el nombramiento del primer Relator Especial sobre Derechos Humanos y
Cambio Climático en mayo de 2022.
Sin embargo, estos avances positivos se producen en un contexto de deterioro sostenido de la
situación mundial, con un aumento continuo de la temperatura de la Tierra y una proliferación
de fenómenos relacionados con el clima, como inundaciones, sequías e incendios, que
provocan desplazamientos y pérdidas masivas, con impactos desproporcionados en las
comunidades más vulnerables. Mientras tanto, la acción sostenida y coordinada de respuesta a
la emergencia climática sigue siendo ambivalente y está muy lejos de lo que se requiere, como
se demostró en las negociaciones climáticas en la COP26, al no lograr compromisos firmes y
medidas concretas para avanzar en la transformación general del modelo de desarrollo
económico imperante para garantizar la seguridad y el disfrute de un medio ambiente
saludable para todes en el presente y el futuro.
Por eso, en 2022, HIC hace un llamado para enraizar la acción política por la justicia
climática y promulgar y proteger el derecho a la tierra.
Por “enraizamiento de la acción política» nos referimos al establecimiento de las salvaguardias
y los mecanismos necesarios para que todas las personas puedan disfrutar de una vida segura
y digna, independientemente de su género, clase, raza, orientación sexual y capacidad física y
mental. Desde la perspectiva de los derechos relativos al hábitat, este llamado está
intrínsecamente ligado a la promulgación y protección del derecho a la tierra; que reconoce y
protege diversas formas de tenencia más allá de la propiedad privada y de los modelos
extractivistas patriarcales, coloniales y neocoloniales, y está comprometido con la distribución
justa de los recursos y su control colectivo por parte de las personas habitualmente
marginadas, como las mujeres, las indígenas, las arrendatarias y las migrantes.
En este sentido, HIC se une a una serie de organizaciones a instar al Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a que revise y adopte una
Observación General sobre el Derecho a la Tierra, que reconozca la tierra como un derecho
humano universal, y que capte la compleja y multifacética relación que las personas tienen con
la tierra y aborde las dinámicas de poder que sustentan las relaciones de tierra. El derecho a la
tierra es un componente fundamental de la justicia social y ambiental para todos-as. Para más
información, consulte los siguientes enlaces aquí y aquí.
El llamado de HIC está basado y comprometido con los cinco principios clave de la
declaración de 2021 de HIC:
1) Redistribución y acceso justos a la financiación climática internacional y el control de la
ciudadanía sobre los mecanismos de financiación climática;
2) Reconocimiento y acción para abordar los impactos del cambio climático producidos de
forma muy desigual;
3) Democratización de la toma de decisiones mientras se aborda la deuda climática histórica
acumulada a lo largo de trayectorias muy largas;
4) Reconocimiento de que la justicia climática requiere políticas de cambio climático sensibles
a los conflictos y una construcción de paz resistente al clima;
5) Fomento de la justicia climática alimentando el cuidado y la solidaridad, pero también la
responsabilidad y la rendición de cuentas.
Una transición justa es posible, pero exige cambios fundamentales. ¡Enraicemos la acción
política por la justicia climática y promulguemos y protejamos el derecho a la tierra!
En solidaridad,
La justicia climática ES un derecho humano
En 2008, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó por primera vez una
resolución (Resolución 7/231) que reconocía explícitamente las implicaciones del cambio
climático para el cumplimiento de los derechos humanos. Aunque esto sirva de poco para
generar cambios fundamentales, los movimientos sociales y ambientales mundiales continúan
convergiendo en su llamada conjunta por la justicia climática, que articula la igualdad, los
derechos humanos, los derechos colectivos y las responsabilidades históricas por el cambio
climático como una cuestión política y ética urgente.
La justicia climática reconoce que los impactos del clima se producen y distribuyen de manera
desigual a través de geografías y trayectorias históricas, a través de clases, géneros, razas y
edades. La justicia climática exige estrategias de mitigación y adaptación a largo plazo, junto
con un cambio radical contra la producción y reproducción de injusticias sociales y
ambientales. Las ciudades y la sociedad civil organizada ya están avanzando, desarrollando
planes de acción climática concretos y valientes a escala local. El desafío que tenemos por
delante no consiste solo en construir resiliencia a través de la acción climática local, sino, de
manera más radical, identificar la justicia climática como una necesidad y aspiración humana
existencial y universal.
Por lo tanto, en el Día Mundial del Hábitat 2021, durante el Octubre Urbano y después, en la
Coalición Internacional de Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés) pedimos que la justicia
climática sea tratada y promulgada como un derecho humano fundamental relacionado con el
hábitat.
Porque simplemente modificar las promesas y los objetivos climáticos no es suficiente.
Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos-as sobre el Cambio
Climático (IPCC), ya hemos superado el 1,2 °C de aumento de la temperatura respecto a la
temperatura preindustrial en todo el mundo. Los objetivos del Acuerdo de París adoptados por
196 partes en 2015 eran limitar el calentamiento global a 1,5 °C, pero la temperatura media de
la Tierra sigue aumentando a un ritmo sin precedentes. Los compromisos para mitigar o
adaptarse a estos peligros no son lo suficientemente ambiciosos ni profundos, ni tampoco se
promulgan con la suficiente rapidez para abordar las múltiples injusticias agravadas por el
cambio climático.
Porque el cambio climático es un problema tanto social como ambiental que afecta la
vida de todos-as y de manera desproporcionada a mujeres y hombres pobres, desatendidosas y marginados-as. Desde los fenómenos extremos hasta el aumento del nivel del mar, el
cambio climático amenaza la existencia humana y no humana y tiene impactos negativos en la
protección de la mayoría de los derechos humanos relacionados con el hábitat en áreas
urbanas y rurales.
¿Por qué?
Declaración de la Presidenta de HIC, Adriana Allen, en el Día Mundial del Hábitat 2021
Porque la asimetría entre responsabilidades e impactos es sorprendente. Entre 1990 y
2015, el 10 % más rico de la población mundial fue responsable de más de la mitad de las
emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el 1 % más rico emitió el doble de las
emisiones totales producidas por el 50 % más pobre. Estas asimetrías no son solo números
abstractos; detrás de ellos se ven amenazadas las vidas y los medios de subsistencia de
ciudadanos-as comunes, su derecho a la vida ahora y en el futuro.
Porque una transición justa es posible, pero exige cambios fundamentales en la economía
de libre mercado reinante, en la obtención de beneficios basada en el extractivismo y la
acumulación a través del desposeimiento y en economías orientadas a la exportación que
dependen de huellas ecológicas en constante expansión y de largas cadenas de suministro,
que se apropian de los recursos naturales y los servicios de zonas lejanas. La justicia climática
requiere detener inmediatamente los subsidios e inversiones continuos en combustibles fósiles;
requiere cambios masivos en los patrones de producción y consumo de las clases medias y
altas del mundo. Requiere solidaridad y acción colectiva, innovación, rendición de cuentas y
responsabilidad.
¿Qué implica promulgar la justicia climática como un derecho humano?
En línea con las cinco llamadas clave del Manifiesto de las Voces del Hábitat de HIC, pedimos:
- Una redistribución económica profunda. Se necesita con urgencia el acceso a la
financiación climática internacional y el control ciudadano sobre los mecanismos de
financiación climática. Sin embargo, la mayor parte de la financiación de la transición verde se
dedica a proyectos del sector privado. La redistribución necesaria requiere situar los recursos
en el interés público y asegurar que se asignen a través de procesos participativos de
presupuestación y asignación. Una redistribución justa también significa ampliar las opciones
de movilidad más allá de los automóviles individuales, acortar las cadenas alimentarias y
proteger y restaurar la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. Requiere apoyar los
múltiples procesos que sustentan las economías locales circulares y solidarias, procesos que
suelen depender del sector informal y son, paradójicamente, criminalizados y estigmatizados.
Requiere respeto por la tierra como una necesidad biológica humana, su uso equitativo y
redistribución, frenando la apropiación y expropiación de las tierras comunales y protegiendo
su función social.
La justicia climática también está estrechamente relacionada con la protección de los
derechos a la vivienda y de la producción social del hábitat, entendiendo que la vivienda es
más que un techo y que la producción social e informal son vitales, aunque habitualmente
acosadas y menospreciadas. La intersección entre la justicia climática y la vivienda adecuada
como derechos humanos comunes plantea dos desafíos formidables: primero, abordar la fuerte
contribución de la urbanización y el sector de la construcción a las emisiones globales, lo que
añade otra capa de desafíos a la forma en que se abordan los déficits de vivienda y el
mantenimiento de las viviendas sociales existentes. Esto nos insta a explorar formas no solo de
construir, sino también de modernizar, reparar, rehabilitar y reubicar las viviendas existentes.
Segundo, enfrentarnos a la ola masiva de desalojos forzosos y desplazamientos que se están
perpetrando en todo el mundo en nombre del riesgo, paradójicamente justificados como un
medio para proteger la vida, mientras que en realidad se despeja el terreno para dar cabida a
desarrollos inmobiliarios especulativos, y peor aún: desmantelar comunidades por motivos
raciales u otros motivos de planificación con fines de control social.
- El reconocimiento de diferencias e invisibilidades. Es necesario reconocer que los
impactos del cambio climático son globales, pero muy desiguales, agravan las desigualdades
existentes y producen otras nuevas. Pero el reconocimiento debe traducirse en el
empoderamiento real y el cumplimiento de los derechos humanos de los-as más afectados-as
para que participen de manera significativa en la adaptación y mitigación climáticas sea cual
sea su género, clase, raza, etnia, edad, ubicación geográfica y capacidad física o de otro tipo.
Cuando ocurren desastres inducidos por el cambio climático, a menudo afectan primero y con
mayor dureza a las comunidades pobres, con las mujeres representando ya el 70 % de las
personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Por lo tanto, las mujeres y las niñas
son y seguirán siendo más vulnerables a los efectos del cambio climático y la degradación
ambiental. Debido a su doble función de proveedoras y cuidadoras, experimentan muchas
consecuencias adversas cuando el clima cambia, a veces todas a la vez: desde la escasez de
combustible, alimentos y agua potable hasta malas cosechas, pérdidas de ingresos e impactos
en la salud, así como muchos efectos negativos como consecuencia de los desplazamientos
provocados por desastres ambientales. Después de inundaciones, sequías y tormentas, las
mujeres a menudo se enfrentan a la violencia doméstica y sexual y se ven privadas de los
servicios esenciales. Las mujeres y las niñas tienen un conocimiento inestimable sobre la
adaptación a los cambios ambientales erráticos debido a sus múltiples roles, pero en general
se las excluye de las tomas de decisiones sobre adaptación y mitigación del cambio climático.
Cuando participan en ellas, no solo aumentan sus tasas de supervivencia y bienestar, sino
también las de los demás.
Los movimientos sociales y ambientales, y, en particular, los-as jóvenes de todo el mundo, están
creando conexiones entre los derechos civiles y el cambio climático y denunciando los vínculos
con la justicia racial. Las instalaciones tóxicas, como las centrales eléctricas de carbón y las
incineradoras, emiten mercurio, arsénico, plomo y otros contaminantes al agua, los alimentos y
los pulmones de las comunidades locales. También emiten dióxido de carbono y metano, los
principales impulsores del cambio climático. A menudo, la raza es el principal indicador que
explica la ubicación de las instalaciones tóxicas.
- Paridad en la participación política: durante los últimos 30 años, las negociaciones han
estado en manos de los gobiernos nacionales y algunos de los estados que registran los niveles
más altos de emisiones han paralizado el progreso y favorecido la inacción, protegiendo así los
intereses de empresas por encima de la vida humana y otras formas de vida natural. Durante el
mismo período, la humanidad ha duplicado la cantidad de dióxido de carbono liberado en la
atmósfera. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) reconoce las diferentes responsabilidades de los países en función de sus
emisiones históricas de gases de efecto invernadero. No obstante, la justicia climática exige
dar un paso más para abordar la deuda climática histórica acumulada por unos pocos países,
no solo durante las últimas tres décadas, sino a lo largo de trayectorias mucho más largas de
acumulación capitalista explotadora, imperialismo, destrucción y desposeimiento.
Esperar a que los actores nacionales y supranacionales lleguen a un acuerdo de base amplia y
de eficacia real sobre el cambio climático es como esperar algo fortuito: es poco probable
que suceda, al menos lo suficientemente pronto. La CoP26 de Glasgow será un punto clave en
la historia para confirmar un acuerdo global hacia un compromiso de huella de carbono cero
tan pronto como sea posible en este siglo. Para eso, la sociedad civil debe generar una presión
colectiva y fuerza social para ir más allá de las promesas y los acuerdos, para exigir un
progreso real y profundo hacia los derechos humanos y otras obligaciones del estado en virtud
de tratados para garantizar la justicia climática.
- Un hábitat para los derechos humanos, no la guerra: la justicia climática requiere tanto
políticas de cambio climático sensibles a los conflictos como la consolidación de la paz a
prueba del clima. Ocho de los diez países que albergan la mayor parte de las negociaciones
multilaterales por la paz en el mundo se encuentran en zonas muy expuestas al cambio
climático. Los esfuerzos de consolidación de la paz deben tener en cuenta todos los impactos
relacionados con el clima en los contextos en los que tienen lugar, abordando así el conflicto y
el cambio climático simultáneamente para construir una paz sostenible. A esto se suma la
urgente necesidad de proteger la soberanía de las personas por encima de la privatización de
los recursos comunes y el fin inmediato de la explotación de personas y recursos naturales bajo
ocupaciones ilegales. Los datos de Global Resources Outlook revelan que más de dos tercios
de la extracción de todos los recursos consumidos en el mundo se concentra en solo diez
países, que sufren las consecuencias sociales y ambientales de la extracción empresarial
global. La justicia climática también exige protección para las mujeres y hombres, niñas y niños
desplazados debido a los efectos combinados de las sequías y las inundaciones y a los
conflictos y la ocupación beligerante de los territorios soberanos de los pueblos, a menudo
motivada por ideologías de violencia para controlar la extracción de recursos.
- Cuidado mutuo, solidaridad y responsabilidad social: la justicia climática requiere
cuidados y solidaridad entre países, ciudades, pueblos y comunidades y dentro de ellos,
reconociendo, como en la Agenda Hábitat (1996-2016), que estos son «extremos de una serie
continua de asentamientos humanos en un ecosistema común». Esto no puede abordarse como
una causa caritativa o paternalista ni como un lavado verde para mantener el statu quo o
como una excusa para hacer solo lo mínimo por los-as pobres o exigir su resiliencia al estirar
sus propias capacidades para encontrar soluciones. Promulgar la justicia climática como un
derecho humano requiere responsabilidad social y ambiental y políticas y compromisos
políticos inequívocos.
No se pueden tomar medidas urgentes, justas y profundas para abordar el cambio climático a
expensas de estos principios y consideraciones. Al contrario: la posibilidad de promulgar una
transición verde justa depende de si se tienen en cuenta. Nuestro futuro debe construirse sobre
prácticas democráticas profundas que impulsen procesos regenerativos, solidaridad, equidad y
cooperación y reconozcan la interdependencia de la vida humana y otras formas de vida
natural y el respeto de los derechos universales de todos. La no acción ya no es una opción,
porque la justicia climática es un derecho humano que abarca a todos los seres vivos,
humanos y no humanos, para vivir de manera sostenible en este planeta.
Adriana Allen, Presidenta de HIC, octubre de 2021
