El Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia integrado por los abajo firmantes, ante el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en la zona de Villa Mascardi, repudiamos incansablemente la actuación violenta y represiva generada por la policía nacional.

El desalojo se justificó en una orden de allanamiento genérica dictada por la justicia federal de Bariloche, que no contempló los intereses y derechos en juego de las comunidades mapuches. Se produjeron detenciones de mujeres de la comunidad, una de ellas con embarazo avanzado. Además de ello las fuerzas de seguridad salieron a cazar al resto de los integrantes de la mencionada Comunidad, muchos de ellos fueron niños, niñas y adolescentes. Las fuerzas nacionales actuaron de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada en cumplimiento de dicha orden judicial que también es ilegítima, arbitraria, desproporcionada y excesiva.

Frente a este tipo de conflictos, el accionar del poder judicial debe estar guiado por la aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y particularmente por los de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, entre los que se encuentra el del acceso a los territorios que reivindican, la educación plurilingüe y el reconocimiento de su identidad cultural. Como todos los derechos consagrados en la constitución, deben ser respetados.No se puede perder de vista la obligación de garantía en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes en tanto al cumplimiento del interés superior del niño, en este caso en particular el de los y las jóvenes de la Comunidad, cuyos derechos se encuentran plasmados en la Convención de los Derechos del Niño.

Hacemos responsable al Ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernández, por los hechos criminalizantes y excesivos padecidos por la comunidad Lafken Winkul Mapu y exigimos respuestas y restitución de sus derechos de manera urgente.

Exigimos la intervención del Ejecutivo Nacional y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que se cumpla el derecho a la defensa y las garantías procesales correspondientes. No son terroristas, son pueblos originarios históricamente postergados, cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados por la ausencia de respuestas concretas del Estado.

Asociación para los Derechos de la Infancia (ADI)

Abogadas y abogados del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES)

Fundación ayuda a la Niñez y Juventud Che Pibe

Asociación Civil Chicos.net

Asociación Civil por los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes DONCEL

Asociación Civil Crecer Juntos

Asociación Civil Surcos

Cooperativa La Comunitaria

El Hormiguero

Fundación Emmanuel

Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS)

Asociación para la promoción y protección de Derechos Humanos XUMEK

Colectivo Cordobés por los Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes –

Foro Pampeano por los Derechos de los niños, niñas y adolescentes