DERECHOS HUMANOS - Reclamos de familiares de desaparecidos ante el gobierno

24 de abril de 2019

Reclamo de familiares de desaparecidos ante el Gobierno“ Que el Estado nos diga qué datos tiene"

Un grupo de hijos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado le exigió a la Agencia de Acceso a la Información Pública que busque y entregue los datos obrantes en los archivos de la dictadura.

Un grupo de hijos y familiares de desaparecidos exigió al Gobierno que busque en archivos de diferentes estamentos del Estado información relativa a las víctimas del terrorismo de Estado. “Le pedimos al Estado que nos diga qué datos tiene de cada uno. Los archivos de la última dictadura existen así que les corresponde a los familiares de las víctimas contar con esa información”, aseguró la abogada del Ceprodh y legisladora porteña Myriam Bregman, quien patrocinó el pedido que la hija de Rodolfo Walsh y el hijo de Roberto Santucho, entre otros, realizaron ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. De no contar con una respuesta satisfactoria en dos semanas, la solicitud tomará senderos judiciales.

El pedido se enmarca en la aplicación de la Ley de Acceso a la información pública impulsada y votada durante la gestión de Cambiemos. “El macrismo se llenó la boca hablando de esta ley como bandera de transparencia. Bueno, ahora queremos que nos den los archivos que el Estado guarda sobre los desaparecidos”, puntualizó la abogada.

Bajo su patrocinio, Patricia Walsh, Mario Santucho, Alejandrina Barri, Gloria Pagés Larraya y Andrea Robles le exigen a la Agencia que busque en varios estamentos del erario público, como la Cancillería, las fuerzas militares y de seguridad y sus agencias de inteligencia, entre otros, datos referidos a sus padres, madres y familiares que hayan sido recolectados durante la dictadura y los años anteriores, cuando la Triple A comenzó a barrer las calles de militantes políticos, sociales y gremiales. Información sobre la represión que sufrieron en carne propia sus seres queridos y, por efecto directo, ellos mismos. “Le pedimos al Estado que nos diga qué datos tiene de cada uno porque hay elementos suficientes registrados en las diferentes causas judiciales que indican que los archivos de la última dictadura existen, que los genocidas documentaron lo que hicieron, así que les corresponde a los familiares de las víctimas contar con esa información”, sostuvo Bregman en diálogo con este diario.

Se trata de “hijos” que pasaron por lejos los 40 años y que, aún hoy, no tienen información certera sobre el destino de los restos de sus familiares, en algunos casos ni siquiera dónde estuvieron secuestrados. Patricia, por ejemplo, solicita datos sobre el paradero del cuerpo de su padre, el periodista y escritor Rodolfo Walsh, así como el destino de la obra inédita que la patota que lo secuestró se robó de su casa de San Vicente. También pide información de su hermana Victoria Walsh, militante montonera que se suicidó en el marco de un operativo cerrojo del Ejército. “Hay varios testimonios de sobrevivientes de la ESMA que dicen haber visto la obra de Walsh allí. Uno de ellos, Martín Grass, asegura que el Servicio de Inteligencia de la Marina (SIM) realizó una copia de todo. Queremos que el Estado lo busque y lo entregue. En el caso de Barri, después de mucho insistir logramos en el marco de la Justicia que la SIDE responda pedidos de informes que realizó sobre su papá. Si la tiene de él, ¿por qué no habría de tenerla sobre el resto de las víctimas?”, se pregunta la legisladora y abogada de Ceprodeh. “Se dice que el cuerpo de Santucho fue exhibido por el general Bussi en Campo de Mayo como 'trofeo de guerra' en lo que llamaban 'Museo de la Subversión', pero hasta el día de hoy se desconoce su destino”, señaló Bregman.

“Tienen derecho a conocer la historia que el Estado conserva de sus padres y sus familiares. Son historias demasiado crueles como para que a tantos años de espera y de búsqueda el Estado no entregue todo lo que tiene. Sabemos que los archivos existen”, opinó la abogada que impulsó la solicitud formal ante el Gobierno.

El pedido, el primero de varios, asegura Bregman, se posa sobre tres elementos. El primero es la propia ley de acceso a la información y la “utilización” que el macrismo realizó de esa norma como “bandera de transparencia” como trampolín para exigir al Estado que la ponga en práctica. Un segundo elemento es un fallo reciente de la Corte Suprema en el que le da la razón a un periodista (Claudio Savoia) en su pedido de acceder a una serie de decretos secretos de la última dictadura. El tercero y último lo conforman las más recientes desclasificaciones de archivos que realizó Estados Unidos por pedidos de organismos de derechos humanos. “Todo esto amerita que hagamos un intento por redoblar la batalla contra la impunidad para conseguir la información que falta”, insistió la abogada.

Sobre estos archivos la abogada remarcó que lo que se le exige al Estado es que “busque la información relativa a estas víctimas, sistematizada. Así como está dispuesta no está al alcance de toda la ciudadanía. Le exigimos que la vuelva accesible”. Cabe recordar que, al asumir, Cambiemos desarticuló todas las áreas que en los años anteriores habían sido creadas en diferentes ministerios para realizar esas tareas.

 

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