Cambio en la ley de drogas

 

En las últimas semanas volvió a presentarse en la opinión pública el debate en torno a la modificación de la ley de estupefacientes Nº 23.737. Desde la Asociación Civil Intercambios consideramos que es un debate indispensable que debemos profundizar como sociedad para lo cual es necesario clarificar algunas precisiones. Esta ley data del año 1989 y nació en pleno auge de lo que se llamó “la guerra contra las drogas”. Contiene disposiciones penales que reprimen distintas conductas en torno a las sustancias que se denominan “estupefacientes”; entre otras, sanciona penalmente la tenencia de drogas para consumo personal con 1 mes a 2 años de prisión, pudiéndose evitar mediante la realización de una medida de seguridad (curativa o educativa).

A partir de la aplicación de esta ley se criminalizó a muchos usuarios de drogas. Distintas fuentes muestran que durante la década del 90’ se incrementaron las causas por infracción a esta ley sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededor del 70% eran por casos de tenencia de pequeñas cantidades para consumo personal. En años más recientes el fenómeno se extendió al resto del país, en especial en la Provincia de Buenos Aires, luego de la implementación en 2005 de una reforma conocida como  “desfederalización”, mediante la cual la justicia provincial comenzó a perseguir las ventas en menor escala y las conductas de los usuarios. Un estudio del Ministerio Público Fiscal indica que en 2012 se iniciaron 9.414 causas por tenencia para consumo personal en las jurisdicciones federales. Incluso informes realizados por una de las fiscalías federales de la Ciudad de Buenos Aires muestran que durante los turnos con fuerzas de seguridad, la mayoría de las causas recibidas fueron por infracción a la ley de drogas, de las cuales alrededor del 70 por ciento fueron por tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Estos datos ponen de manifiesto que a pesar de que en el año 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la punición de la tenencia para consumo personal con el fallo “Arriola”, los usuarios de drogas continúan siendo perseguidos por el sistema penal. Si bien en algunas jurisdicciones, las causas se terminan cerrando, no siempre ocurre esto, y todavía se registran casos de usuarios detenidos. Y aun cuando la causa se cierre, el contacto con el sistema penal suele impedir el ejercicio de derechos de contenido económico y social.

Luego del fallo de la Corte, distintas fuerzas políticas presentaron en el Congreso Nacional proyectos para reformar la ley. A mediados de 2012 se realizaron audiencias públicas en la Cámara de Diputados de la Nación y parecía existir consenso político al respecto, pero finalmente la reforma quedó paralizada. Los proyectos pretendían retirar la intervención de la ley penal respecto de las conductas de los usuarios, es decir despenalizarlos, lo que hoy vuelve a estar en debate. Los proyectos no proponían regular alguna forma de acceso a las sustancias, lo que implicaría una “regulación” o lo que comúnmente se denomina  “legalización”, lo que tampoco está en discusión por estos días, aunque en ocasiones suelan usarse estos términos indistintamente en la opinión pública. En ese momento desde Intercambios Asociación Civil fijamos nuestra posición en 15 puntos sobre cómo deberían rediseñarse las políticas en torno a estas sustancias (http //www.intercambios.org.ar/15-ideas/texto-completo/).

Creemos que se debe desvincular definitivamente a los usuarios de drogas de la respuesta penal y asegurar respuestas sociales y de salud amplias, variadas, basadas en información científica y que respeten los derechos de los usuarios.

 

La intervención penal genera más inconvenientes que soluciones. Tanto a los que tienen problemas con el consumo de sustancias como a los que no, les adiciona las vicisitudes y consecuencias de tener un proceso penal abierto. Y si bien es cierto que la modificación de la ley penal no resuelve la falta de respuestas sociales y de salud, su persistencia tampoco ayuda en ese sentido, ya que estigmatiza al usuario y alimenta la falsa convicción de que con la existencia de la ley penal se da una respuesta al problema.